martes, 9 de abril de 2013

Proyecto de Ley Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales de Funcionarios Públicos


Comparto con Uds. uno de los proyectos remitidos por el Poder Ejecutivo a la Cámara de Diputados para la “democratización de la Justicia”: Proyecto por el cual se propicia establecer que las Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales sean de carácter público y de libre accesibilidad por Internet. *.


Con este proyecto, aquel interesado en acceder a la información de las Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales presentadas por las personas que se encuentran obligadas en virtud de la Ley N° 25.188, podrá efectuar la consulta en forma gratuita a través de Internet, de conformidad con el procedimiento que establezca la reglamentación, a los fines de profundizar el proceso de transparencia en el desempeño de la función pública en todos sus ámbitos.

La Reforma Constitucional de 1994, incorporó  a la CONSTITUCIÓN NACIONAL en el Capítulo Segundo de la Primera Parte, referido a “Nuevos Derechos y Garantías”, la necesidad de la sanción de una ley sobre ética pública para el ejercicio de la función (artículo 36, último párrafo).

Mediante la citada Ley N° 25.188 se dio cumplimiento a la manda Constitucional, previéndose un conjunto de deberes, prohibiciones e incompatibilidades aplicables, sin excepción, a todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías, en forma permanente o transitoria, por elección popular, designación directa, por concurso o por cualquier otro medio legal, extendiéndose su aplicación a todos los magistrados, funcionarios y empleados del Estado.

La referida Ley entiende por función pública, toda actividad temporal o permanente, remunerada u honoraria, realizada por una persona en nombre del Estado o al servicio del Estado, o de sus entidades, en cualquiera de sus niveles jerárquicos.

A través del artículo 4° de la Ley Nº 25.188 se instituyó la obligación por parte de las personas referidas en su artículo 5º, comprensivo de los tres poderes del Estado, de presentar una Declaración Jurada Patrimonial Integral dentro de los treinta días hábiles desde la asunción de sus cargos, debiendo actualizarse la información contenida en esa declaración jurada anualmente y efectuar una última declaración dentro de los treinta días hábiles desde la fecha de cesación en el cargo.

Los sujetos comprendidos en dicha ley se encuentran obligados a cumplir con los siguientes deberes y pautas de comportamiento ético señaladas taxativamente en su artículo 2°: a) cumplir y hacer cumplir estrictamente la Constitución Nacional, las leyes y los reglamentos que en su consecuencia se dicten y defender el sistema republicano y democrático de gobierno; b) desempeñarse con la observancia y respeto de los principios y pautas éticas establecidas en la presente ley: honestidad, probidad, rectitud, buena fe y austeridad republicana; c) velar en todos sus actos por los intereses del Estado, orientados a la satisfacción del bienestar general, privilegiando de esa manera el interés público sobre el particular; d) no recibir ningún beneficio personal indebido vinculado a la realización, retardo u omisión de un acto inherente a sus funciones, ni imponer condiciones especiales que deriven en ello; e) fundar sus actos y mostrar la mayor transparencia en las decisiones adoptadas sin restringir información, a menos que una norma o el interés público claramente lo exijan; f) proteger y conservar la propiedad del Estado y sólo emplear sus bienes con los fines autorizados. Abstenerse de utilizar información adquirida en el cumplimiento de sus funciones para realizar actividades no relacionadas con sus tareas oficiales o de permitir su uso en beneficio de intereses privados; g) abstenerse de usar las instalaciones y servicios del Estado para su beneficio particular o para el de sus familiares, allegados o personas ajenas a la función oficial, a fin de avalar o promover algún producto, servicio o empresa; h) observar en los procedimientos de contrataciones públicas en los que intervengan los principios de publicidad, igualdad, concurrencia razonabilidad; e i) abstenerse de intervenir en todo asunto respecto al cual se encuentre comprendido en alguna de las causas de excusación previstas en ley procesal civil.
Asimismo, se establece que es requisito de permanencia en el cargo observar una conducta acorde con la ética pública en el ejercicio de sus funciones.

Para evitar que dependiera de uno de los tres poderes garantizar el cumplimiento de lo normado en la Ley N° 25.188, el artículo 23 previó la conformación en el ámbito del Congreso de la Nación de la COMISION NACIONAL DE ETICA PUBLICA.

La Comisión fue concebida como un órgano integrado por once miembros, ciudadanos de reconocidos antecedentes y prestigio público, que no podían pertenecer al órgano que los designara y que durarían cuatro años en su función pudiendo ser reelegidos por un período, siendo designados uno por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, uno por el Poder Ejecutivo de la Nación, uno por el Procurador General de la Nación y ocho ciudadanos que serían designados por resolución conjunta de ambas Cámaras del Congreso adoptada por dos tercios de sus miembros presentes, dos de los cuales deberían ser: uno a propuesta del Defensor del Pueblo de la Nación, y el otro a propuesta de la Auditoría General de la Nación.
La mencionada Comisión iba a funcionar como órgano independiente e iba a actuar con autonomía funcional pero, por la complejidad de los mecanismos de la designación de sus miembros, nunca pudo constituirse.

No obstante las importantes funciones contempladas en la ley, la COMISION NACIONAL DE ETICA PUBLICA no ha entrado en funcionamiento habiendo transcurrido más de 13 años, circunstancia ésta que ha sido utilizada en algunos casos como justificación para eludir la total observancia de sus preceptos, aduciéndose una pretendida imposibilidad de cumplimiento no imputable al funcionario obligado.

Lo descripto precedentemente constituye el viejo sistema, cuyo fracaso ha quedado demostrado.

El nuevo sistema de control del cumplimiento de las obligaciones de los funcionarios públicos que aquí proponemos pone en cabeza de la ciudadanía el conocimiento y la evaluación de la efectiva observancia de las referidas obligaciones.

En todo el tiempo transcurrido desde el dictado de la ley es en el ámbito del PODER EJECUTIVO NACIONAL donde se ha dado mayor cumplimiento a las disposiciones en la materia, generándose a partir del incumplimiento de los otros poderes y jurisdicciones provinciales situaciones de desigualdad entre los distintos sujetos obligados por la ley.

En tal sentido, no puede dejar de mencionarse que las únicas Declaraciones Juradas públicamente conocidas son las presentadas por funcionarios pertenecientes al PODER EJECUTIVO NACIONAL.

Se ha establecido para dichos agentes un procedimiento que consiste en la presentación ante la OFICINA ANTICORRUPCION dependiente del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS de una declaración jurada al asumir el cargo, que debe renovarse anualmente y otra dentro de los treinta días del cese de su gestión previéndose, en caso de incumplimiento, la imposición de una sanción disciplinaria.

En el caso del PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN se organizó a través de la Resolución Nº 734/07 del CONSEJO DE LA MAGISTRATURA por la que se aprobó el “Reglamento de la Ley Nº 25.188 de Ética Pública en lo referente a la presentación y consulta de las Declaraciones Juradas Patrimoniales del Poder Judicial de la Nación”, estableciendo los mecanismos para su implementación.

En el ámbito del PODER LEGISLATIVO NACIONAL se ha dictado el Decreto Parlamentario N° 1405/00 que establece las previsiones sobre las características y plazos de presentación de las Declaraciones Juradas.

Por su parte el Reglamento de la CÁMARA DE SENADORES de la Nación dispone la publicidad de las declaraciones juradas que de sus patrimonios presentan los Senadores, autoridades y demás funcionarios de la Cámara, de acuerdo a las normas vigentes en las condiciones que establezca la reglamentación.

En el caso de la CÁMARA DE DIPUTADOS de la Nación puede requerirse dicha información mediante nota dirigida al Presidente de la Cámara, a tales efectos, sin que exista una norma que regule expresamente la materia.


A continuación el texto completo del proyecto*.



EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS
DE LA NACION ARGENTINA, REUNIDOS EN CONGRESO,...
SANCIONAN CON FUERZA DE
LEY:

CARÁCTER PÚBLICO DE LAS DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES INTEGRALES DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS

ARTICULO 1º.- Establécese que las Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales presentadas por las personas que se encuentran obligadas en virtud de la normativa de ética en el ejercicio de la función pública previstas en la Ley N° 25.188 son de carácter público, de libre accesibilidad y podrán ser consultadas por toda persona interesada en forma gratuita a través de Internet, de conformidad con el procedimiento que establezca la reglamentación.
ARTICULO 2º.- Quedan comprendidos en los alcances de la presente ley:
a)    El presidente y vicepresidente de la Nación;
b)    Los senadores y diputados de la Nación;
c)    Los magistrados del Poder Judicial de la Nación;
d)    Los magistrados del Ministerio Público de la Nación;
e)    El defensor del pueblo de la Nación y los adjuntos del defensor del pueblo;
f)     El jefe de gabinete de ministros, los ministros, secretarios y subsecretarios del Poder Ejecutivo Nacional;
g)    Los interventores federales;
h)   El síndico general de la Nación y los síndicos generales adjuntos de la Sindicatura General de la Nación, el presidente y los auditores generales de la Auditoría General de la Nación, las autoridades superiores de los entes reguladores y los demás órganos que integran los sistemas de control del sector público nacional, y los miembros de organismos jurisdiccionales administrativos;
i)     Los miembros del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento;
j)      Los embajadores, cónsules y funcionarios destacados en misión oficial permanente en el exterior;
k)    El personal en actividad de las Fuerzas Armadas, de la Policía Federal Argentina, de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, de la Gendarmería Nacional, de la Prefectura Naval Argentina y del Servicio Penitenciario Federal, con jerarquía no menor de coronel o equivalente;
l)     Los rectores, decanos y secretarios de las universidades nacionales;
m)  Los funcionarios o empleados con categoría o función no inferior a la de director o equivalente, que presten servicio en la Administración Pública Nacional, centralizada o descentralizada, las entidades autárquicas, los bancos y entidades financieras del sistema oficial, las obras sociales administradas por el Estado, las empresas del Estado, las sociedades del Estado y el personal con similar categoría o función, designado a propuesta del Estado en las sociedades de economía mixta, en las sociedades anónimas con participación estatal y en otros entes del sector público;
n)   Los funcionarios colaboradores de interventores federales, con categoría o función no inferior a la de director o equivalente;
o)    El personal de los organismos indicados en el inciso h) del presente artículo, con categoría no inferior a la director o equivalente;
p)    Todo funcionario o empleado público encargado de otorgar habilitaciones administrativas para el ejercicio de cualquier actividad, como también todo funcionario o empleado público encargado de controlar el funcionamiento de dichas actividades o de ejercer cualquier otro control en virtud de un poder de policía;
q)    Los funcionarios que integran los organismos de control de los servicios públicos privatizados, con categoría no inferior a la de director;
r)     El personal que se desempeña en el Poder Legislativo, con categoría no inferior a la de director;
s)    El personal que cumpla servicios en el Poder Judicial de la Nación y en el Ministerio Público de la Nación, con categoría no inferior a secretario o equivalente;
t)     Todo funcionario o empleado público que integre comisiones de adjudicación de licitaciones, de compra o de recepción de bienes, o participe en la toma de decisiones de licitaciones o compras;
u)   Todo funcionario público que tenga por función administrar un patrimonio público o privado, o controlar o fiscalizar los ingresos públicos cualquiera fuera su naturaleza;
v)    Los directores y administradores de las entidades sometidas al control externo del Congreso de la Nación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 120 de la Ley Nº 24.156.
ARTICULO 3°.- Quedan también comprendidas en los alcances de la ley las personas que se postulen para el ejercicio de cargos electivos.
ARTICULO 4°.- Las Declaraciones Juradas públicas a que se refiere esta ley serán iguales a aquellas que se presentan ante la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, no rigiendo para estos casos el Secreto Fiscal establecido por la legislación impositiva, con excepción del Anexo Reservado previsto en el artículo siguiente.
Las personas comprendidas en el precitado artículo 2º que no efectúen las Declaraciones Juradas a la fecha ante el organismo fiscal derivadas del ejercicio de la función pública o de cualquier otra actividad, deberán presentar una declaración de contenido equivalente a la del Impuesto a las Ganancias, a la del Impuesto sobre los Bienes Personales y si correspondiere otra similar que presenten en cualquier concepto, a efectos del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la ley, además del Anexo Reservado correspondiente.
ARTICULO 5º.- Las Declaraciones Juradas públicas tendrán un Anexo Reservado que contendrá la totalidad de los datos personales y patrimoniales exentos de publicidad correspondientes a cada una de las personas obligadas a la presentación, de su cónyuge, conviviente e hijos menores no emancipados, de conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 25.188 y su normativa complementaria.
ARTICULO 6º.- Establécese que la totalidad de las Declaraciones Juradas recibidas, con excepción del Anexo Reservado, serán publicadas en el sitio de Internet de la OFICINA ANTICORRUPCIÓN del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, que deberá mantenerse actualizado.
Las Declaraciones Juradas públicas y el Anexo Reservado deberán ser presentadas por los funcionarios mencionados en el artículo 2° de la presente ley ante la OFICINA ANTICORRUPCION del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS en el caso del Poder Ejecutivo Nacional y de las personas comprendidas en el artículo 3° de la presente, y en la dependencia que determinen los Poderes Legislativo y Judicial, respectivamente, que deberán remitirlas a aquella Oficina. Hasta tanto no se designe la mencionada dependencia, la presentación deberá efectuarse directamente ante la OFICINA ANTICORRUPCION.
ARTICULO 7°.- Las personas que accedan a una declaración jurada a través de Internet, quedan sujetas a las disposiciones y sanciones previstas en las Leyes Nros. 25.188 y 25.326.
ARTICULO 8º.- Suprímese la COMISION NACIONAL DE ETICA PUBLICA prevista por la Ley N° 25.188. En consecuencia, derogáse el Capítulo VIII y disposiciones concordantes de dicha norma.
ARTICULO 9°.-  Se invita a las provincias, a la Ciudad  Autónoma de Buenos Aires y a los Municipios a adherir a la presente ley.
ARTICULO 10.- Comuníquese al PODER EJECUTIVO NACIONAL.
Lea a continuación el texto completo del proyecto*.

EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS
DE LA NACIÓN ARGENTINA, REUNIDOS EN CONGRESO,...
SANCIONAN CON FUERZA DE
LEY:
CAPÍTULO 1
DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1º.- Objeto. La presente ley tiene por objeto regular el ingreso democrático e igualitario de personal al Poder Judicial de la Nación y al Ministerio Público de la Nación, mediante el procedimiento de concurso público.
ARTÍCULO 2º.- Disposiciones generales. El ingreso de personal a las jurisdicciones mencionadas en el artículo 1º se rige por las disposiciones de la presente ley y las reglamentaciones que en virtud de ella se dicten.
En aquellos casos en que se requiera la designación de personal en forma interina, transitoria o por la modalidad de locación de servicio, corresponderá a la autoridad de aplicación de la presente su designación, de acuerdo a los procedimientos establecidos en esta ley.
ARTÍCULO 3º.- Alcance. Las disposiciones de la presente ley se aplican a los concursos que se realicen para acceder a los cargos letrados, de empleados y personal de maestranza y oficios del Poder Judicial de la Nación y del Ministerio Público de la Nación, con el límite impuesto por el artículo 113 de la Constitución Nacional respecto de los funcionarios y empleados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, exceptuando también de la presente ley a los funcionarios y empleados que dependen directamente de la estructura central de gobierno y administración de la Procuración General de la Nación y de la Defensoría General de la Nación.
ARTÍCULO 4º.- Cargos en los cuales se puede ingresar. Sólo se podrá ingresar al Poder Judicial de la Nación y al Ministerio Público de la Nación como empleado y personal de maestranza y oficios en el cargo de menor jerarquía y como funcionario en los  cargos letrados, mediante el sistema de concursos que se encuentra regulado en la presente ley.
Los demás cargos de los escalafones correspondientes al Poder Judicial de la Nación y al Ministerio Público de la Nación, continuarán siendo asignados de acuerdo a la normativa vigente, sin perjuicio de las previsiones del artículo 37 de la presente ley.
ARTÍCULO 5º.- Designación directa. Excepción. Excepcionalmente se podrá ingresar por designación directa en los cargos de relator de cámara, secretario privado de primera instancia, y todos los del escalafón de las vocalías de los consejeros miembros del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, pero tales agentes no podrán ser promovidos a planta permanente en forma definitiva, interina ni transitoria para desempeñarse en ningún otro cargo del Poder Judicial de la Nación o del Ministerio Público de la Nación.
ARTÍCULO 6º.- Requisitos para ingresar como personal de maestranza y oficios. Para el personal de maestranza y oficios se requiere ser mayor de edad, poseer estudios primarios completos, tener idoneidad y aptitud psicotécnica para dicho cargo, acreditada mediante el procedimiento de concurso público, sin perjuicio de otros requisitos que puedan exigirse a aquellos que deban desempeñar tareas para las cuales sean necesarios conocimientos especiales.
ARTÍCULO 7º.- Requisitos para ingresar como empleado. Para ingresar como empleado se requiere ser mayor de edad, tener estudios secundarios completos y acreditar idoneidad para dicho cargo, verificada a través de concurso público. Debe contarse asimismo con aptitud psicotécnica para el cargo, sin perjuicio de otros requisitos que puedan exigirse a aquellos que deban desempeñar tareas para las cuales sean necesarios conocimientos técnicos especiales.
ARTÍCULO 8º.- Requisitos para ingresar en los cargos letrados. Para los cargos letrados se requiere ser argentino o residente permanente en el país, mayor de edad y abogado graduado en universidad nacional pública o privada oficialmente reconocida o extranjera con título debidamente homologado por el Ministerio de Educación; tener la idoneidad requerida para el ejercicio de las funciones, verificada a través de concurso público de antecedentes y oposición, así como aptitud psicotécnica para su desempeño.
ARTÍCULO 9º.- Cupo para discapacitados. El CUATRO POR CIENTO (4%), como mínimo, de los cargos a cubrir, debe ser ocupado por personas con discapacidad que reúnan los requisitos necesarios para el cargo.
ARTÍCULO 10.- Autoridad de aplicación. Los concursos para el ingreso al Poder Judicial de la Nación en los cargos referidos, se deben realizar en el Consejo de la Magistratura de la Nación, y los de ingreso al Ministerio Público de la Nación se deben efectuar en la Procuración General de la Nación o en la Defensoría General de la Nación, según corresponda.
ARTÍCULO 11.- Integración. En la integración de los órganos encargados de sustanciar los concursos debe garantizarse la participación de los estamentos que integran el Consejo de la Magistratura de la Nación y el Ministerio Público de la Nación.
ARTÍCULO 12.- Concursos. La sustanciación de los concursos se debe realizar de acuerdo con lo que establezca la Autoridad de aplicación, respetando los principios de publicidad, concurrencia, igualdad y transparencia. La Autoridad de aplicación debe establecer un programa de examen, identificar el material, publicar sus contenidos vía web conjuntamente con el llamado a concurso, tomar los exámenes y efectuar las evaluaciones pertinentes, conforme a la normativa aplicable.
ARTÍCULO 13.- Formulario de inscripción. El postulante debe presentar el formulario de inscripción a la autoridad de aplicación, personalmente o vía internet, en el mes de marzo de cada año, haciendo constar su preferencia en razón de la materia de cada fuero, y de la especialidad por oficio, si la tuviera.
ARTÍCULO 14.- Requisitos generales. En el formulario de inscripción los postulantes deben detallar:
a)   apellido y nombre completos;
b)   domicilio real y constituido a los efectos del trámite, en la ciudad donde se encuentra el asiento de la dependencia para la cual concursa, número de teléfono y correo electrónico;
c)   lugar y fecha de nacimiento;
d)   nacionalidad;
e)   estado civil, en su caso, nombre del cónyuge o conviviente y de los hijos, si los hubiere;
f)    fotocopia del documento de identidad;
g)   antecedentes académicos, laborales y profesionales, con la documentación que lo acredite, en caso de corresponder; de presentarse publicaciones, estas deben tener vinculación con la especialidad de que se trate;
h)  fotocopia del título que posea, debiendo exhibirse el original, que se restituye en el acto, previo cotejo por Secretaría de lo que se deja constancia en la copia agregada a la presentación;
i)    los postulantes a cargos letrados que se desempeñen o se hubieren desempeñado en el Poder Judicial de la Nación o en el Ministerio Público de la Nación deberán consignar los datos de su legajo personal; quienes se hubieran desempeñado en el Poder Judicial o en el Ministerio Público de las Provincias o en órganos jurisdiccionales de la administración pública, deberán agregar un certificado que consigne:
i)    fecha de ingreso y egreso si la hubiera;
ii)   cargos desempeñados;
iii)  licencias extraordinarias concedidas en los últimos DOS (2) años;
iv)  sanciones disciplinarias aplicadas con indicación de fecha y motivo;
j) en el caso de abogados matriculados, deberán acompañar el certificado del respectivo colegio profesional, del cual surja la antigüedad y estado de la matrícula y si fueron objeto de sanciones disciplinarias en el ejercicio de la profesión.
ARTÍCULO 15.- Constancia de inscripción. De la presentación del formulario en tiempo y forma se le extenderá al postulante una constancia de inscripción, que consignará fecha y hora de recepción, como también el detalle de los documentos adjuntados.
ARTÍCULO 16.- Lista provisoria. Vencido el plazo para la inscripción, la autoridad de aplicación procederá a conformar una lista provisoria con todos los inscriptos, la que debe publicarse en el organismo encargado de sustanciar el concurso y en su sitio de internet.
ARTÍCULO 17.- Impedimentos para el ingreso. No puede ingresar al Poder Judicial de la Nación ni al Ministerio Público de la Nación quien no cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 14 de la presente ley ni aquel postulante que a la fecha de presentación del formulario:
a)   hubiera sido condenado por delitos dolosos en los últimos CINCO (5) años;
b)   hubiera sido condenado por delitos contra la Administración Pública previstos en el Código Penal;
c)   estuviera inhabilitado judicialmente para ejercer cargos públicos;
d)   hubiese sido hallado responsable por sentencia condenatoria firme de participar de cualquier forma en los supuestos contemplados en el artículo 36 de la Constitución Nacional y en el Título X del Libro Segundo del Código Penal, aun cuando se lo hubiera beneficiado con indulto o condonación de la pena.
ARTÍCULO 18.- Acta. Lista definitiva de inscriptos. Dentro de los CINCO (5) días posteriores al cierre de la inscripción, el funcionario encargado debe labrar un acta y luego una lista en la que se harán constar en forma definitiva las inscripciones registradas que hubieran cumplido con los requisitos exigidos en la presente ley.

CAPÍTULO 2
DEL INGRESO DE LOS EMPLEADOS Y DEL PERSONAL DE MAESTRANZA Y OFICIOS
ARTÍCULO 19.- El ingreso al Poder Judicial de la Nación y al Ministerio Público de la Nación para desempeñarse como personal de maestranza y oficios en el cargo de menor jerarquía, además de los requisitos mencionados en el artículo 14, exigirá la realización de una entrevista personal y una prueba de capacitación en su oficio o actividad y posterior sorteo público, con arreglo a las previsiones de los artículos siguientes del presente capítulo en cuanto sean aplicables.
ARTÍCULO 20.- El ingreso al Poder Judicial de la Nación y al Ministerio Público de la Nación para desempeñarse como empleado en el cargo de menor jerarquía se hará a través del examen y posterior sorteo público, conforme las previsiones de los artículos siguientes del presente capítulo.
ARTÍCULO 21.- Examen. Conformada la lista definitiva de inscriptos prevista en el artículo 18 de la presente ley, se debe fijar fecha para que los postulantes rindan un examen escrito, a realizarse dentro de los siguientes TREINTA (30) días, bajo el sistema de opción múltiple, el cual comprenderá distintas evaluaciones eliminatorias, a desarrollarse en el siguiente orden:
a)    evaluación de conocimientos teóricos;
b)    evaluación de conocimientos en informática;
c)    evaluación psicofísica.
ARTÍCULO 22.- Causales de eliminación. Los aspirantes estarán sujetos a eliminación por las siguientes causas:
a)    reprobar los exámenes;
b)    no asistir o presentar una tardanza injustificada;
c)    ausentarse del examen.
En los casos de fuerza mayor que configuren alguna de estas causas, los aspirantes deberán presentar ante la oficina y en el plazo que la Autoridad de aplicación determine, un escrito con la justificación y la documentación que acredite fehacientemente tal situación, quedando a consideración de dicha oficina la validez de la misma.
ARTÍCULO 23.- Régimen de calificaciones. Las evaluaciones se deben calificar de CERO (0) a CIEN (100). Para acceder al cargo se requiere un puntaje mínimo de SESENTA (60) puntos en cada una de las pruebas. En el examen psicofísico se aportará una ponderación cualitativa del aspirante, ingresando solamente en la Nómina de Aspirantes aquellos que obtuvieron una aptitud laboral satisfactoria.
ARTÍCULO 24.- Lista de postulantes. Sorteo. La Autoridad de aplicación elaborará una lista con aquellos postulantes que hayan aprobado las evaluaciones exigidas en la presente ley.
En la lista deberá detallarse el nombre y apellido de los postulantes y publicarse en la página de internet y en la cartelera del Consejo de la Magistratura de la Nación, de la Procuración General de la Nación o de la Defensoría General de la Nación, según corresponda. Asimismo, debe publicarse por CINCO (5) días, en TRES (3) diarios de amplia difusión del lugar en que se sustancie el concurso.
Las futuras vacantes se cubrirán mediante sorteo de todos los integrantes de la lista, que se realizará a través de la Lotería Nacional S.E., en la forma, día y horario que establezca la Autoridad de aplicación, a medida que se vayan produciendo.
Cuando ninguno de los postulantes apruebe el examen la Autoridad de aplicación debe declarar desierto el concurso y convocar inmediatamente a un nuevo concurso, debiendo disponerse extraordinariamente de un nuevo plazo para la inscripción de postulantes.
ARTÍCULO 25.- Recursos. Dentro del plazo de CINCO (5) días hábiles de la publicación de la lista de postulantes a la que se refiere el artículo anterior, los concursantes podrán plantear la reconsideración de la calificación obtenida en el examen rendido invocando las razones que estimen correspondan. Dicho recurso será resuelto por la Autoridad de aplicación.
ARTÍCULO 26.- Nombramientos. Los nombramientos que se realicen (permanentes o no permanentes) para cubrir las vacantes que se produjeren en cualquiera de los cargos, se harán teniendo en cuenta el sorteo previsto en el artículo 24, debiendo sortearse primero entre los postulantes que no hubieren sido designados el año anterior.
Producida la vacante, el postulante seleccionado será notificado en el domicilio constituido en su formulario de ingreso para que comparezca y acepte el cargo. Si dentro de los DIEZ (10) días contados desde su notificación no compareciere, se lo tendrá por desistido, excluyéndoselo de la lista para llamar a nuevo sorteo.
ARTÍCULO 27.- Vigencia de las listas. Las listas a las que refiere el artículo 24 tendrán vigencia por el plazo de DOS (2) años.

CAPÍTULO 3
DEL INGRESO A LOS CARGOS LETRADOS
ARTÍCULO 28.- Examen. Conformada la lista definitiva a que refiere el artículo 18 de la presente ley, se fijará fecha para un examen anónimo y escrito, dentro de los siguientes TREINTA (30) días.
El examen consistirá en la elaboración de una solución a un problema jurídico, en el que se examinará el grado de conocimiento específico en el área de derecho que requiera el cargo para el que concursa y la normativa constitucional.
ARTÍCULO 29.- Régimen de calificaciones. La prueba de oposición se calificará de CERO (0) a SETENTA (70) puntos. Para ser incluidos en la lista de postulantes se requiere haber obtenido un puntaje mínimo de CUARENTA (40) puntos. Sólo respecto de aquellos postulantes que hubieran alcanzado el puntaje mínimo se evaluarán los antecedentes.
ARTÍCULO 30.- Calificación y puntaje de los antecedentes. La calificación y puntaje de los antecedentes de los postulantes para cubrir las vacantes que se produzcan en los cargos letrados, será como máximo de TREINTA (30) puntos, de acuerdo con el siguiente criterio:
a)    hasta DIEZ (10) puntos por los antecedentes vinculados con la especialidad de que se trate en el desempeño profesional cumplido en el Poder Judicial, en el Ministerio Público, en funciones públicas o en el ejercicio de la abogacía;
b)    hasta CINCO (5) puntos por la obtención de títulos de posgrado;
c)    hasta TRES (3) puntos por la aprobación de cursos de posgrado no incluidos en los estudios necesarios para la obtención de los títulos previstos en el inciso anterior, y por participación y asistencia a congresos, jornadas y seminarios; se computarán especialmente los estudios o participaciones que tengan pertinencia con la función que se concursa;
d)    hasta SIETE (7) puntos por el ejercicio de la docencia en la especialidad propia del cargo para el que se concursa o en el ámbito de las disciplinas básicas de la ciencia del Derecho;
e)    hasta TRES (3) puntos por las publicaciones, en cuya apreciación se debe considerar su valor y originalidad;
f)     hasta DOS (2) puntos por todos aquellos antecedentes relevantes a juicio de la autoridad examinadora.
No se calificarán los antecedentes que no hayan sido invocados en la solicitud de inscripción.
ARTÍCULO 31.- Listas de postulantes. Orden de mérito. Una vez calificadas las evaluaciones y valorados los antecedentes, se confeccionará una lista con el orden de mérito definitivo, la que será notificada a cada uno de sus integrantes para cubrir las futuras vacantes que se produjeren.
En la lista general deberá detallarse el nombre y apellido de cada uno de los postulantes, así como la calificación merecida en las evaluaciones debiendo publicarse durante el plazo de CINCO (5) días en la página de internet y en la cartelera del Consejo de la Magistratura de la Nación, la Procuración General de la Nación o la Defensoría General de la Nación, según corresponda.
Cuando ninguno de los postulantes hubiera aprobado el examen, la autoridad competente deberá declarar desierto el concurso, convocando inmediatamente a un nuevo concurso.
ARTÍCULO 32.- Recursos. Dentro del plazo de CINCO (5) días hábiles de haber sido notificados, los concursantes podrán plantear la reconsideración de la calificación obtenida en la prueba de oposición y en la evaluación de antecedentes invocando las razones que estimen correspondan. Dicho recurso será resuelto por la Autoridad de aplicación.
ARTÍCULO 33.- Nombramientos. Los nombramientos que se realicen (permanentes o no permanentes) para cubrir las vacantes que se produjeren en cualquiera de los cargos se harán teniendo en cuenta el orden de mérito de la lista definitiva.
El titular o quien se encontrare a cargo de la dependencia respectiva, podrá seleccionar al postulante dentro de los VEINTE (20) primeros del orden de mérito. En caso de que el listado sea menor, podrá seleccionar al postulante entre los aprobados.
El listado será adecuado a medida que se vaya designando postulantes, siempre en base al orden de mérito.
 El postulante seleccionado será notificado en el último domicilio denunciado, para que comparezca y acepte el cargo. Si dentro de los DIEZ (10) días contados desde su notificación no compareciere, se lo tendrá por desistido, excluyéndoselo de la lista.
ARTÍCULO 34.- Vigencia de las listas. Las listas a las que refiere el artículo 31 tendrán vigencia por el plazo de DOS (2) años. Los postulantes se mantendrán en esas listas durante el mencionado plazo o hasta su designación en un cargo permanente si ello sucediera primero.
ARTÍCULO 35.- Del examen psicotécnico. Previo al nombramiento, los postulantes deberán acreditar poseer aptitud psicotécnica para el cargo, mediante el examen que indique la Autoridad competente.

CAPÍTULO 4
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
ARTÍCULO 36.- Vigencia. A partir de la entrada en vigencia de la presente ley sólo se podrán efectuar nuevos nombramientos en el Poder Judicial de la Nación y en el Ministerio Público de la Nación, en los cargos comprendidos en la misma, de acuerdo al procedimiento previsto en esta ley.
ARTÍCULO 37.- Derechos adquiridos. La aplicación de la presente ley no afectará las categorías alcanzadas y los derechos y beneficios del personal contratado inherentes a su condición de integrantes del Poder Judicial de la Nación y del Ministerio Público de la Nación, quienes permanecerán en sus cargos de acuerdo a la regulación previa, pudiendo solicitar su pase a planta permanente conforme a la normativa vigente aplicable al caso.
ARTÍCULO 38.- Invitación a las provincias. Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a los términos de la presente ley.
ARTÍCULO 39.- Reglamentación. La Autoridad de aplicación dictará las normas aclaratorias y complementarias de la presente ley.
ARTÍCULO 40.- Comuníquese al PODER EJECUTIVO NACIONAL.

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