martes, 22 de octubre de 2013

Una década de Infraestructura federal para la inclusión

Por Javier Tineo

Artículo publicado en la Edición N°9 de la Revista del Instituto de Estudios y Formación Política GESTAR.


La década ganada del kirchnerismo es la demostración de que el pueblo argentino supo y pudo legitimar un proyecto político construido colectivamente entre cuyas metas estuvieron la instauración de un modelo económico que incluye a todos los sectores basado en la industrialización, la generación de empleo y la distribución de la riqueza.

En esta transformación medular de la economía, jugaron papeles claves la recuperación de empresas estatales estratégicas como Aerolíneas e YPF, el fin del mayor desfalco económico financiero que se hizo desde el estado como fue la privatización de los fondos de la seguridad social a través de las llamadas AFJP, hoy de regreso al estado a través del fortalecimiento de los organismos de administración de esos fondos que, puestos al servicio de políticas públicas de inversión social retroalimentan de manera virtuosa el aporte del conjunto de los trabajadores registrados y los jubilados argentinos. 

Se suma una impresionante y federal política de inversión pública en obras tanto de carácter estructural y estratégicas como de las de construcción de obras de servicios básicos, inexplicablemente demorados por los demás gobiernos democráticos.

El gobierno del Frente para la Victoria implementa un nuevo paradigma en la gestión de las obras y servicios públicos en la Argentina a partir de la creación del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.

La denominación sola de este organismo demuestra la clara orientación hacia la participación activa de las provincias y municipios en el diseño de prioridades en las obras a ejecutarse en cada territorio.

Desde mayo del 2003, con Néstor Kirchner como Presidente de la Nación, se inicia un proceso abierto de planificación participativa de las inversiones con gobernadores, intendentes y demás actores sociales y comunales cuyas motivaciones eran la de reactivar la economía en base a una inyección progresiva de recursos puestos al servicio de obras sensibles como viviendas populares, redes de agua potable y cloacas, pavimentos de calles y rutas y expansión del servicio eléctrico.

Esta política incluyó no sólo el planeamiento de las obras sino la descentralización de la ejecución a través de transferencias de recursos a las provincias con el consiguiente compromiso de las mismas de la supervisión y seguimiento en la calidad de esos trabajos.

Lea el artículo completo de la Revista Gestar aquí

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